La IIª República supuso uno de los momentos clave de la historia española del siglo XX, pues supo otorgar a nuestra nación la oportunidad de convertir en realidad lo que en su propia esencia implicaba: democracia, futuro, progreso y libertad. Como escribe Tomás Segovia, insigne poeta hispano-mexicano, “la República es lo único bien hecho en toda la historia de España”. Duró poco tiempo pero en ese breve periodo se lograron muchos cambios que afectaron a la vida de las mujeres, y a la de los hombres. Las mujeres se implicaron en la política como nunca antes lo habían hecho, se crearon organizaciones de mujeres entre las que destacan la organización anarquista “Mujeres Libres” y la organización de “Mujeres Antifascistas”.
La IIª República abrió un proceso de liberación de la mujer frente al papel oscuro, mantenido tradicionalmente por la monarquía y la Iglesia, de discriminación histórica por considerarla solo como esposa dependiente y madre reproductora, pero no como persona ni como sujeto social activo. La IIª República despertó los sentimientos de dignidad, toma de conciencia y llamada a la participación de la mujer (véase la cantidad de intelectuales comprometidas, lideres políticos, sindicales y sociales). Con la pérdida de la República y la guerra civil se anularían todos los avances conseguidos, volviéndose a imponer sobre la mujer aquellas leyes y conceptos tradicionales, agravados aún más por la ideología fascista vencedora de la contienda y cuya influencia estuvo presente durante todo el tiempo de la dictadura franquista.
La Constitución de la IIª República de 1931, en sus artº 25 (igualdad de sexos), artº 43 (matrimonio y divorcio), artº 40 y 46 (derecho al trabajo) y artº 36 y 53 (sufragio universal), junto con toda la legislación que la desarrolló, sentó las bases jurídicas de primer orden para romper con el papel secular de la mujer, poniendo en cuestión toda la ideología de las clases dominantes y de la Iglesia hasta ese momento presentes. En toda su legislación, la IIª República resultó en un avance cualitativo sobre el papel y los derechos de la mujer en sus distintos niveles.
Así, no sólo se eliminaron privilegios reconocidos hasta ese momento exclusivamente a los varones, sino que se reguló el acceso de las mujeres a cargos públicos, se concedió el derecho a voto a las españolas y a ser elegibles como diputadas, se mejoraron los derechos de la mujer en la familia y en el matrimonio (se reconoció el matrimonio civil y se suprimió el delito de adulterio aplicado sólo a la mujer), se obligó al Estado a regular el trabajo femenino y a proteger la maternidad (se prohibieron las cláusulas de despido por contraer matrimonio o por maternidad, se estableció el Seguro Obligatorio de Maternidad y se aprobó la equiparación salarial para ambos sexos), y se reconoció el divorcio de mutuo acuerdo así como el derecho de las mujeres a tener la patria potestad de los hijos (se permitió la investigación de la paternidad y el reconocimiento de los hijos naturales). En el ámbito de la educación, se implantaron las escuelas mixtas y la coeducación, se abolieron las asignaturas domésticas y religiosas y se crearon escuelas nocturnas para trabajadoras. En Catalunya, se llegó incluso más lejos: allí se permitió la dispensación de anticonceptivos, se despenalizó y legalizó el aborto, se decretó la abolición de la prostitución reglamentada y se prohibió contratar a mujeres en trabajos considerados como peligrosos o duros.
Claves en este proceso de liberalización de la mujer española fueron mujeres activas en el escenario político del momento y diputadas en el Congreso, como Margarita Nelken, Victoria Kent o Clara Campoamor, miembro ésta última de la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución de 1931, quien hizo del sufragio femenino y de su inclusión en el mencionado texto legal su labor más destacada, defendiéndola ardientemente y en solitario con auténtica maestría. En 1933 se celebraron las primeras elecciones en las que participaron las españolas, dándose la paradoja de que tanto Clara Campoamor como Victoria Kent perdieron su escaño.
A ellas se sumaría en el Parlamento, en 1936, como diputada del Partido Comunista, Dolores Ibárruri “Pasionaria”, siempre entrañable y acérrima defensora de los derechos de la mujer, incluso desde el exilio al que fue condenada por sus ideas políticas. En el ámbito político y ocupando cargos públicos de importancia destacaron Francisca Bohigas, María Lejárraga, Matilde de la Torre, Federica Montseny, primera ministra de nuestra historia, o Mercedes Maestre como subsecretaria de sanidad, quienes reivindicaron también su papel en la historia.
La IIª República se perfila como un conjunto de valores imprescindibles, como un modelo de dignificación del papel de la mujer, como un desafío original al orden histórico establecido y como un compromiso de futuro y un ejemplo de libertad y de legitimidad democrática.
Y es que han pasado ya 80 años y sin embargo el espíritu del 31 está ahora más presente y vivo que nunca, ya que la IIª República representó un ejemplo moral para el ejercicio de la política, entendida ésta como el compromiso de guiar a un pueblo hacia su futuro. En una época de profunda crisis sistémica y de absoluta carencia de valores y de principios, deberíamos de fijarnos todos y todas en el ejemplo de estas mujeres y del breve período republicano de los años 30 para conseguir hacer de España y del mundo un lugar mejor para vivir.
